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Juvenicidio y clasismo en Venezuela

Cuando ese estado de guerra contra los pobres y los jóvenes cese por fin, la anarquía prefigurada por el delincuente juvenil tal vez ya no será necesaria. (Matza, 2014, p.33)

En enero de 2014, el Presidente Nicolás Maduro declaró ese año el año de la juventud venezolana, como conmemoración del bicentenario de la Batalla de La Victoria. Un mes más tarde, el 12 de febrero (día de la juventud), comenzaron una serie de protestas callejeras que dejarían más de cuarenta personas muertas y miles detenidas. En mayo del 2015, dos homicidios impactaron la opinión pública nacional: el de Conan Quintana (dirigente estudiantil) y el de un muchacho dentro de la UCV. Todas estas muertes emblemáticas coinciden en el hecho que las víctimas son personas «jóvenes».

Más allá de las ambigüedades (sociales, culturales) implicadas en lo que significa «ser joven», en Venezuela la ley que rige esta materia establece que «se consideran jóvenes a las personas naturales, correspondientes al ciclo evolutivo de vida entre las edades de quince y treinta años» (Ley para el Poder Popular de la Juventud, 2009, Art.2). Entonces, sea de mano de la delincuencia, por «resistencia a la autoridad», en enfrentamientos o en razzias y operativos, a diario son asesinados en nuestro país más y más jóvenes. No parece impertinente, por lo tanto, hablar de una situación favorable para el «juvenicidio» que, además y como en otros contextos, tiende a cobrar la vida de los más sujetos vulnerables.

Juvenicidio

La palabra «juvenicidio» se refiere al asesinato de jóvenes y a la condición de vulnerabilidad estructural que los convierte en objetos predilectos de intervenciones y abusos. De acuerdo con Reguillo, el juvenicidio es la sistemática eliminación del «cuerpo joven» (González Aguirre, 2015). Eliminación que si bien puede ser moral (según explican teóricos como Feixa), es sobre todo material. Este fenómeno encuentra particular asidero en un orden adultocéntrico.

Juvenicidio y clasismo en Venezuela 2

No es difícil demostrar con cifras la magnitud del caso venezolano. Según Zubillaga y García Ponte (2012), si para el año 2000 la tasa de homicidios a nivel nacional era de 33, para los jóvenes varones fue de 255; en el 2004, el homicidio se convirtió en la primera causa de muerte en hombres de 15 a 34 años; y entre 1999 y 2006, hubo 11.523 homicidios (no contabilizados) por «resistencia a la autoridad». Según PROVEA, entre 1990 y 2013 casi 30 mil personas (jóvenes) murieron en iguales condiciones. Más recientemente, de acuerdo con fuentes periodísticas, en el año 2014 «un total de 912 niños y adolescentes perdieron la vida en circunstancias violentas». Hasta mayo del presente año, las muertes (solamente) de «menores» llegaron a 95. Cerrando julio, la cifra ascendió a 157, solo en Caracas.

En Venezuela, en tanto la violencia «autorizada» ha dejado de ser monopolizada por el Estado, este fenómeno aparece como el resultado de un poder difuso. Al igual que en otros países de la región, la violencia social ―ejercida por diferentes actores de manera aparentemente irracional y desorganizada― es la que mata a los jóvenes. En esta dinámica, el aparato estatal aunque no es el victimario por excelencia, interviene tanto por acción como por omisión: matar, dejar matar, dejar morir.

Pero los que ponen sus vidas ―eso «cuerpos que no importan»[1], siguiendo lo planteado por Butler― no son simplemente jóvenes: son, además, jóvenes pobres que viven en el barrio. Morenos y menores de 25 años, en su mayoría. Hombres «peligrosos» que despiertan la legítima sospecha de los cuerpos de seguridad y de la ciudadanía «decente».

La sospecha categorial

En junio de 2005 unos estudiantes fueron asesinados por la policía en el barrio Kennedy de Caracas. En 2006, el secuestro y asesinato de los hermanos Faddoul y el chofer que los llevaba al colegio se convirtió en uno de los crímenes más sonados en el país, al punto de activar una política de seguridad ciudadana que incluyó la reforma de los cuerpos policiales existentes y la creación de la Policía Nacional Bolivariana. En enero del 2014, sucedió el homicidio de una ex miss Venezuela de 30 años, Mónica Spears, y su esposo. En octubre asesinaron a Robert Serra, dirigente juvenil del partido de gobierno. Serra tenía 27 años.

Lo que estos casos, presentados de manera desordenada, tienen en común es ―además de las edades de las víctimas― el poder de reclamo social de éstas ―o de sus familiares― (Ávila, 2010). Sin embargo, la gran mayoría, es decir, los otros jóvenes que se asesinan a diario, no suelen ocupar primeras planas ni impeler la voluntad política de las autoridades del Estado. Peor aún, el hecho de no tener esa capacidad de reclamo y movilización los convierte en objetos fáciles de victimización, en medio de un contexto de casi total impunidad.

Jock Young, en su libro La sociedad «excluyente» de 1999, utiliza el término «sospecha categorial» para dar cuenta del proceso de selectividad según el cual los agentes policiales «eligen» a las personas que serán objeto de sus actuaciones. La categoría «joven» es claramente una etiqueta que activa el despliegue de la fuerza autorizada (y no autorizada), en tanto se asocia con la idea de peligrosidad y desorden. Además, los jóvenes en sí mismo suelen tener menos posibilidades y capacidades para reclamar sus derechos, lo que permite un uso discrecional de la violencia legítima (Gabaldón, 2010; Muniz, 2012). Pero sumado al hecho de ser joven, hay otras categorías que se intersectan las unas a las otras para hacer a ciertos sujetos más vulnerables.

Un ejemplo de esta estigmatización interseccional se puede ver en las recientes intervenciones realizadas por cuerpos de seguridad en barrios populares del país. Contrario al supuesto «espíritu proletario» del gobierno, la Operación Liberación y Protección del Pueblo (OLP) ha hecho a un lado (su responsabilidad en cuanto a) las causas estructurales e institucionales de la delincuencia para dar paso a una declarada guerra contra los «malandros». Esto es: contra todo aquel que parezca o se considere «malandro».

Populismo punitivo y los derechos del malandro

«Malandro» es un término movedizo que suele incluir a casi cualquiera que (por mala suerte) le haya tocado nacer y crecer en el barrio, así como a otras personas que cuentan con atributos considerados negativos en nuestra sociedad. Según el testimonio de jóvenes «retenidos» en el operativo realizado en la Cota 905 el mes pasado, los cuerpos de seguridad dividieron a los jóvenes en varios grupos: «los colombianos, los menores de edad, los tatuados y el resto», siendo que las «peores reprimendas se las llevaron los extranjeros y quienes tenían su piel marcada». Tal como ha señalado Ávila (2015), las informaciones oficiales en este contexto han manejado la categoría «extranjero» («colombiano», para ser exactos) como si esa condición fuese un delito en sí mismo.

Por un lado es bueno que maten malandros, porque son un azote y eso es mentira que los iban a corregir. Pero por otro, no sé; en esas cosas ellos no deben saber quién es malandro y quién no y seguro caen otros que son inocentes […] (Fernández, 2015)

El gobierno una vez más parece echar mano de nuestro acervo clasista, para legitimar actuaciones efectistas y, de ese modo, conseguir adeptos y votos. La somera observación de las cifras permite verificar el carácter extrajudicial de estos procedimientos: en la Cota 905, por ejemplo, hubo 15 muertos, pero solo 14 armas decomisadas. Basta, asimismo, comparar el número de individuos que fueron «retenidos» con los que, finalmente, requirieron una detención formal para evaluar la naturaleza de los operativos: en San Vicente (Aragua), por ejemplo, hubo más de 800 «retenidos», de los que solamente quedaron detenidos dieciséis.

De este modo, la evidente desproporcionalidad de la actuación de los cuerpos de seguridad ―pasada por el tamiz del miedo y los clamores de venganza de una ciudadanía herida, a la que el Estado le ha dejado de garantizar la seguridad de sus derechos― termina por legitimarse hasta en imaginarios que se oponen radicalmente al gobierno.

El populismo de estos operativos se evidencia en las expresiones públicas de funcionarios de alta jerarquía, incluyendo al Presidente de la República, quien manifestó que «tiene un “yunque” para quien ataque al pueblo». La celebración del punitivismo (desde todas las posturas partidistas) y el cuestionamiento de una gran parte de la población frente a las críticas de PROVEA (tildados de «defensores del hampa»), demuestran que este tipo de actuaciones funcionan como una eficiente estrategia de cohesión.

Paradojas locales

Paradójicamente, ante la incapacidad del Estado, cobran fuerza los discursos que culpan a los derechos humanos de las debilidades del control social. En Venezuela las paradojas se multiplican, pues, por un lado, el gobierno sigue presentándose como un gobierno progresista y de izquierda, y solo consigue justificar estas actuaciones con argumentos insostenibles. Mientras tanto, muchos de sus seguidores, leales y acríticos, suscriben una tendencia securitaria históricamente vinculada a posturas más bien conservadoras y de derecha neoliberal (Muñoz Tejada, 2009; Ávila, 2015).

Juvenicidio y clasismo en Venezuela 1

Por otro lado, y finalmente, abiertos opositores a ese mismo gobierno ―que tachan de dictatorial y arbitrariocelebran con él el despliegue de esta operación, obviando que el menoscabo de los derechos humanos de los supuestos delincuentes pone en riesgo el resguardo de los derechos de cualquier ciudadano y en cualquier circunstancia. Algo sumamente grave en un contexto de permanente conflictividad donde la tendencia ha sido presentar como enemigo a todo adversario político o disidente.


[1] Verónica Zubillaga es una de las investigadoras venezolanas que más énfasis ha hecho en este punto. Zubillaga (2010) destaca cómo algunos discursos oficiales han exhortado ―directa e indirectamente― a la aniquilación del enemigo-delincuente por parte de funcionarios policiales. Cita, entre otros ejemplos, las declaraciones del Ministro de Interior y Justicia en 2008 donde se diferenciaba entre «vidas de personas que valen ser contadas como homicidios, y vidas de no personas» (p.94).

Las fotos son de Marcos Zerene, publicadas en su Flickr bajo licencia CC BY-NC 2.0.

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2 thoughts on “Juvenicidio y clasismo en Venezuela

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